En el 4 y 5 de noviembre de 2020 han aparecido tres noticias, aparentemente inconexas, pero que tienen un origen común. En primer lugar, la condena por prevaricaciónmedioambiental al exalcalde de Montijo en relación a denuncias de vecinos por la actividad negligente de bares con obras ilegales, veladores sin permisos, aglomeraciones de gentes generando ruido en la calle, etc.
La segunda tiene que
ver con la actuación de la policía local en Badajoz ante un establecimiento en
la margen izquierda del rio, por la falta de control sobre las medidas que hay
que guardar en relación a la covid19.
Finalmente, la notade presa de la Asociación de Hostelería de Badajoz pidiendo retirar la licenciaa los bares con incumplimiento graves. Argumentan que tales comportamientos
causan grave daños al sector de la hostelería. Sabemos que la mayoría de los
empresarios de la hostelería cumplen con la legislación, y conocen
perfectamente el daño que algunos empresarios de hostelería causan de manera
permanente, y no de manera puntual como puede suceder en estos momentos.
Podrían parecer que
lo narrado en las tres noticias es algo inusual. Desgraciadamente, el
incumplimiento de las ordenanzas municipales y de la legislación vigente es
algo más usual de lo que parece en los establecimientos hosteleros, ante la
impunidad de las autoridades municipales como recordó el Defensor del Pueblo,
recientemente.
Sentencias
condenatorias a alcaldes, concejales, funcionarios y hosteleros las ha habido
en Jaraíz de la Vera, Mérida, Cáceres, Cañamero, Talavera, … y en numerosos
lugares de España. Son numerosísimas las denuncias en muchas ciudades de
Extremadura en relación al ruido de los bares o al mal uso de los lugares
públicos como calles y plazas, cuyos expedientes no se tramitan o se tramitan a
medias. El propio defensor del Pueblo en un informe emitido hace un año señalaba
procedimientos sancionadores no resueltos. Además, recordaba al Ayuntamiento de
Badajoz que las cuantías de las sanciones pecuniarias deben calcularse para que
al infractor no les resulte beneficioso pagar la infracción y seguir
incumpliendo.
No hay más sentencias
porque denunciar al responsable de un establecimiento hostelero, o por
prevaricación a alcaldes, concejales o funcionarios, que probablemente se
conozcan, no es fácil. Es una decisión dura que provoca mucha tensión lo que
supone un gasto emocional, al que hay que añadir el económico.
Lamentablemente, la
desidia de las administraciones locales no deja más remedio que tener que
denunciar porque nadie escarmienta en cabeza ajena.
No hay comentarios:
Publicar un comentario