En numerosas ocasiones se habla de la necesidad de un pacto educativo, sin terminar de concretar qué se quiere decir con esa reivindicación. Lo único que queda claro es que hay que parar esta continua aprobación de leyes sobre educación que perturban el trabajo escolar. Pero para hablar de un Pacto sobre la Educación tenemos que aclarar si nos referimos a la educación en general, a la estructura del sistema educativo, a la necesidad de modificar y clarificar el currículo, definir con claridad el proceso de enseñanza/aprendizaje que deseamos para nuestros hijos y nietos, adaptar la educación a las necesidades del siglo XXI, determinar cuál debe ser la participación de los padres en el sistema, etc. Muchas preguntas que se obvian cuando se habla de una educación en crisis pero sin las cuáles no hay posibilidad de hacer un sistema educativo más eficaz.
Os dejo el artículo que HOY, me publico el 21 de marzo de 2017. Una pequeña reflexión sobre este problema y cómo debería abordarse.
La necesidad de alcanzar un pacto
educativo es una idea que se repite como un mantra asumido que no admite
discusión. Es complicado decir que se está en desacuerdo. El problema, y las
posibles discrepancias, surgen cuando se quiere darle contenido concreto a un compromiso
y se inicia el debate sobre qué problemas de la educación son más acuciantes y sobre
las posibles medidas correctoras. Y, además, considerar cuáles serían los
acuerdos de aplicación inmediata y cuáles deberían sobrevivir a los cambios de
legislatura y vaivenes políticos.
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| Algunas cuestiones sobre el pacto educativo. HOY, 21/03/2017 |
No es una situación trivial como quiere
presentársenos, y existen diferentes perspectivas para la educación y múltiples
variables a considerar. De inicio, habría que aclarar si nos estamos refiriendo
a la Educación en general, al proceso de enseñanza y aprendizaje que se
desarrolla en los centros educativos, a la necesidad de conformar un nuevo
currículo para el siglo XXI, o a la estructura del sistema educativo, por
señalar algunas cuestiones que serían prioritarias. Y aclarar, también, si el
objetivo de la educación es formar personas con una educación integral o le
damos prioridad a la inserción en el mundo laboral, como se deduce de algunos
informes internacionales al uso y al abuso. Esto solo por señalar cuestiones
diferentes, aunque interrelacionadas, que forman parte del complejo mundo de lo
que llamamos la educación y que por lo tanto debieran ser analizadas y
acordadas en ese posible pacto.
Por otra parte, sería necesario
determinar el compromiso de las administraciones nacionales y autonómicas para
llevar a cabo los acuerdos alcanzados. No basta con firmar un acuerdo, ya que el
entramado mundo de las administraciones en el Estado de las Autonomías hace que
muchos acuerdos y compromisos alcanzados se paralicen en algún nivel
administrativo. Existen numerosos precedentes.
Complementariamente, se haría necesario
por parte de las organizaciones políticas el compromiso de considerar las
propuestas concretas de los profesionales, docentes y/o investigadores de la
educación donde haya acuerdo casi unánime. Los años de experiencia profesional,
docente e investigadora, y de participación en tareas de gestión dentro del
ámbito educativo me permiten afirmar que las administraciones educativas,
nacionales y de comunidades autónomas, no valoran ni tienen en cuenta los
estudios y conclusiones que los expertos proponen para mejorar el sistema
educativo. En la mayoría de las ocasiones a pesar de haberlas costeado.
Sería fácil recurrir a estudios
solventes para comprobar que hay situaciones a corregir que se mantienen desde
hace mucho tiempo. Los resultados de las evaluaciones nacionales e
internacionales sugieren que el sistema educativo es manifiestamente mejorable.
Pero también podríamos señalar diferentes trabajos de observación o
experimentales para comprobar que en la gran mayoría de las aulas de todos los
niveles educativos (primaria, secundaria y universidad) los métodos expositivos
tradicionales y los contenidos curriculares han evolucionado muy poco, aunque
ya no se utilice la tiza y la pizarra. O sí.
Existen trabajos de investigación que
muestran importantes desajustes entre los materiales curriculares (escritos y/o
digitales) y los organizadores de los currículos, mientras que la
administración mira hacia otro lado y los aprueba sin realizar ningún análisis serio
de los mismos y sin tener en cuenta los de los expertos al respecto. Y eso por
no hablar de las competencias cuya referencia parece más una retórica
modernista y anecdótica que una realidad concreta en las propuestas
curriculares y cuyo significado sigue sin concretarse en las aulas. Algunos
hablan del ‘nuevo paradigma de las competencias’ sin conocer el significado de
ninguno de los dos vocablos. En relación al uso de las tecnologías en las aulas
se han marginado las recomendaciones de los expertos y se sigue insistiendo en
el hecho de considerar más importante la posesión de la herramienta que lo que
se pueda hacer con ella en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje.
La formación permanente del profesorado
está obsoleta desde hace muchos años, la ruptura entre la investigación
educativa y la práctica profesional es evidente, y así otras situaciones que
debieran ser objeto de reflexión y
acuerdo por las administraciones. Todo ello debiera considerarse en el Pacto Educativo.
Adaptar la educación al siglo XXI exige
partir del trabajo en el aula, de la consideración de la investigación
educativa, del papel de la educación en una sociedad tecnológica y global que
nos toca,… con argumentos sólidos para que este cambio sea posible y duradero,
permitiendo ‘aprender a aprender’ como exige el futuro inmediato. Insistiendo
en una educación integradora y colaborativa que permita y favorezca el
desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Donde el aspecto laboral es
una más de ellas.
Finalmente, recordaré la necesidad de entender
que el motor esencial de todo cambio educativo son los profesores. Así toda
propuesta no puede ni debe hacerse sin contar con ellos. Es necesario que
asuman conscientemente el cambio como algo necesario, asumiendo la importancia
de modificar actitudes, contenidos y procedimientos, de profundizar en la
innovación educativa, y que el desarrollo profesional es un continuo necesario
en la actividad docente. Este último aspecto es competencia de los docentes
pero la administración tiene la obligación de favorecerlo haciendo que la
profesión docente tenga la importancia que se merece en toda sociedad avanzada.
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