El 27 abril de 2012 el periódico El País me publicó un artículo en el que criticaba las medidas adoptadas por el Gobierno que afectaban a los profesores universitarios en su tarea investigadora y docente.
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| El País, 27/04/2012. ¡Qué poco lo han pensado! Lorenzo J. Blanco |
Desgraciadamente, cuatro años después vemos como la situación del profesorado ha ido a peor, con sueldos de miseria y cada vez menos exigencia para la docencia. Incluso algunas figuras nuevas de dudosa legalidad como el "profesor sustituto interino" o el abuso de los profesores asociados hacen que la universidad española tenga difícil cumplir con su cometido.
Os dejo el texto del artículo cuyo contenido sigue teniendo validez cuatro años después.
TRIBUNA
¡Qué poco lo han pensado!
El autor critica las últimas medidas
adoptadas por el Gobierno que afectan a los profesores universitarios en su
tarea investigadora y docente
He leído el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo. Sinceramente, lo primero que me ha venido a la
mente es lo poco, que los autores, han pensado acerca de la situación de la
universidad, o su desconocimiento de las categorías, funciones y dedicación de
los profesores universitarios. Para ellos la solución es muy simple: más horas
al profesorado y más cara la matrícula.
Asumo y apoyo la necesidad de reconsiderar y optimizar nuestra actividad
docente e investigadora a la universidad, así como los desempeños de aquellos
que apoyan esa labor como personal de administración y servicio. Si entendemos
la Universidad como un servicio público es necesario buscar la mejor
rentabilidad económica y social, e intentar una mayor eficacia en nuestro
trabajo. El principio de austeridad es asumido por la mayoría de los
profesores. Es nuestro sino en la Universidad española.
Cuando trabajo con mis alumnos, acerca de la resolución de problemas, les
explico que antes de ponerse a realizar algún procedimiento para resolver el
problema hay que pasar por dos fases previas: comprender y analizar la
situación planteada y elaborar diferentes estrategias de solución. Son dos
pasos convenientes si queremos abordar y solucionar el problema con
racionalización y rigor. Les pongo múltiples ejemplos, algunos sacados de su
propia experiencia, para mostrar que sin esos dos pasos corremos el riesgo de
perdernos, en el camino. Es lo que creo que ha pasado con las medidas del
decreto, que parecen redactadas, sin un análisis serio y riguroso de la
situación del personal que trabaja en la universidad.
Una de las medidas aprobadas modifica el régimen de dedicación del
profesorado. Me parece bien que exista una diferente consideración en función
de criterios objetivos para señalar la dedicación docente e investigadora del
profesorado. Pero, es evidente que esos criterios tendrían que corresponderse
con las diferentes tareas que los profesores realizamos, teniendo en cuenta la
contribución de cada cual en su campo científico y otras aportaciones que
realizamos a la universidad. A este respecto, podríamos señalar diferentes
aspectos que reflejan nuestro trabajo: dirección y participación en proyectos
de investigación competitivos; participación en órganos de la administración
para la gestión de la investigación como puedan ser la ANEP, la ANECA o
diversas comisiones que consideran aspectos concretos; participación en
instituciones internacionales relacionadas con la investigación en tu ámbito científico;
direcciones de tesis doctorales, etcétera. Diferentes tareas que asumimos y
realizamos y de cuyo resultados se beneficia la universidad.
Pero de todas las posibilidades, los autores del decreto se han fijado en
las evaluaciones de la investigación. Es decir, los llamados sexenios. Es
difícil encontrar en la universidad española algo más discrecional y
discriminatorio que los sexenios. A modo de ejemplo, en el campo de las Ciencias Sociales y
Jurídicas se aplican diferentes baremos según el área a la que pertenezcas. En
unas, adquirir un sexenio es casi rutinario, y en otras áreas de esta misma
comisión el baremos es muy exigente. No hay unos criterios equilibrados para todas las áreas, por lo que son
muchos los profesores que se siente perjudicados por un sistema que no
garantiza la igualdad de oportunidades. Además, el decreto se olvida que en la
universidad existen otras categorías de personal docente e investigador en
régimen de dedicación a tiempo completo, como los contratados y ayudantes doctores,
que realizan una importante labor docente e investigación.
Por otra parte, en el decreto no se considera, en ningún momento, que la
dirección y/o participación en proyectos o contratos de investigación pueda ser
una referencia en la labor del profesorado universitario. En muchos casos, la
cantidad económica aportada con los proyectos de investigación es superior al
presupuesto que los departamentos tienen asignados en sus universidades. Es
decir, la financiación de tales proyectos es lo que permite que algunos
departamentos universitarios puedan desarrollar su labor y tener unos medios
adecuados al siglo XXI. Pues bien, el esfuerzo que los investigadores hacemos
en este sentido no es reconocido en la universidad, en general, y tampoco lo
será en el decreto. Es evidente que estos legisladores, y los anteriores, han
olvidado que la investigación es una fuente de financiación de la universidad.
Han olvidado que para mejorar el funcionamiento de la universidad hay que
facilitar y potenciar las fuentes de financiación como en este caso pueda ser apoyar
la tarea de aquellos que consiguen proyectos y contratos de investigación.
Y esto sólo por hablar de lo que parece interesarle al actual Gobierno que es
el aspecto monetario. Contrasta esta falta de referencia a la financiación de
la investigación con la desproporcionada subida de tasas que se propone.
El problema de la dedicación docente viene, además, condicionado por la
actual estructura universitaria en relación a las áreas de conocimiento, la
adscripción a las titulaciones o el número de alumnos por aulas, entre otras
cuestiones. No hay que profundizar mucho para observar la situación de
desequilibrio entre áreas y titulaciones, en muchos casos afines, para
comprender cómo se han diseñado muchos planes de estudio de los actuales grados
y másteres universitarios. Sin abordar en profundidad estos problemas, va a ser
muy difícil evitar las situaciones discriminatorias en la universidad y
optimizar los recursos de personal. Por lo pronto, las medidas tomadas penalizarán
a los departamentos cargados de horas docentes cuyos profesores aumentaran sus
horas de clase, mientras que los que tienen menos dedicación seguirán con
sus mismas horas. Es decir, se castiga a los que cumplen. No sé cuánto dinero
nos vamos a ahorrar con las medidas o cuántos profesores se van a quedar sin
renovar su contrato. Pero, el afán recaudatorio de los actuales gobernantes y
sus prisas, han evitado una ocasión o un pretexto para racionalizar el
funcionamiento de la universidad. Lo decretado no mejorará el funcionamiento de
la universidad.
Lorenzo J. Blanco Nieto es
catedrático de Didáctica de la Matemática. Universidad de Extremadura
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